La profesión de riesgo en la Guardia Civil es una reivindicación con años de recorrido, mucho ruido parlamentario y pocos avances firmes. La confusión es lógica: hay una proposición de ley aprobada en el Senado, una negociación abierta con el Ministerio del Interior y una vía judicial en marcha, pero ninguna de las tres se ha traducido todavía en un derecho aplicable a todo el cuerpo.
Este artículo explica qué significa exactamente el reconocimiento, qué cambiaría en la edad de jubilación y en la pensión, y por qué el efecto no es el mismo para un agente de Clases Pasivas que para uno encuadrado en la Seguridad Social. También repasa el estado real de la tramitación, para que puedas distinguir lo que ya existe de lo que solo está propuesto.
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Qué significa que la Guardia Civil sea una profesión de riesgo
La Seguridad Social considera profesiones de riesgo aquellas actividades excepcionalmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres, con índices elevados de morbilidad o mortalidad. No es una etiqueta simbólica: abre la puerta a un régimen específico que puede incluir medidas de prevención, reconocimientos médicos periódicos, formación en riesgos laborales y, sobre todo, la posibilidad de jubilación anticipada sin las penalizaciones económicas habituales.
Ese último punto es el que interesa a los agentes. Según la exposición de motivos de la proposición de ley publicada por el Senado, los profesionales catalogados como de riesgo pueden retirarse antes que el resto sin sufrir los recortes en la cuantía que soportan quienes se acogen a otras modalidades de jubilación anticipada.
La Guardia Civil todavía no está en la lista
A día de hoy, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional figuran entre los colectivos con coeficiente reductor de la edad de jubilación por peligrosidad. Sí aparecen otros cuerpos y sectores: mineros, trabajadores ferroviarios, personal de vuelo, artistas, profesionales taurinos, bomberos, policías locales, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra.
Conviene decirlo con claridad, porque circulan muchas simplificaciones: las ventajas que describen las propuestas legislativas no son derechos vigentes para el conjunto del cuerpo. Mientras no exista una norma aprobada y aplicable, hablamos de una reivindicación en curso, no de una condición reconocida.
Riesgo laboral y coeficiente reductor no son lo mismo
Otra fuente habitual de malentendidos. Que un puesto tenga riesgos laborales evidentes no implica automáticamente que exista un coeficiente reductor asociado. El coeficiente es un mecanismo concreto de la normativa de Seguridad Social que permite descontar tiempo de la edad ordinaria de retiro en función de los años trabajados en la actividad reconocida. Es una decisión normativa, con coste presupuestario, que debe aprobarse expresamente para cada colectivo.
Por qué se reclama este reconocimiento
La justificación que esgrimen las asociaciones profesionales es la exposición continuada a situaciones peligrosas a lo largo de toda la carrera: operaciones contra el narcotráfico, crimen organizado, amenazas terroristas, conflictos violentos y agresiones directas. Onda Cero recogía esa argumentación al explicar que el cuerpo lleva mucho tiempo pidiendo el mismo trato que ya tienen la Policía Local o la Ertzaintza, precisamente para poder acceder a la jubilación sin perder poder adquisitivo.
Los datos que se manejan en la documentación parlamentaria refuerzan el argumento. Según cifras del Ministerio del Interior, una media de 30 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son agredidos cada día en España. A esa estadística se suman los casos de agentes fallecidos en acto de servicio, como los de Barbate en febrero de 2024 y los de Huelva en 2026, que han marcado los momentos de mayor tensión política en torno a este asunto.
El obstáculo de la naturaleza militar
La Guardia Civil tiene naturaleza militar, y eso la coloca en un encaje jurídico distinto al de las policías autonómicas y locales. Es el argumento que se ha utilizado para explicar por qué nunca ha entrado en los mismos coeficientes reductores que esos cuerpos, incluso cuando parte de sus efectivos cotizan al Régimen General.
La Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por Aina Calvo, ha insistido además en que la decisión no depende «exclusivamente de un departamento». Traducido: intervienen Interior, Inclusión y Seguridad Social, y Hacienda.
El factor económico
Extender coeficientes reductores obliga a redefinir cotizaciones, condiciones de acceso y financiación. Y el volumen no es menor: oficiales de la Guardia Civil citados por Onda Cero, hay 81.848 efectivos en toda España entre activos, alumnos en prácticas y personal de reserva ocupado. Si se suma la Policía Nacional, el impacto presupuestario se multiplica. Ese es, en la práctica, el nudo de toda la negociación.
Cómo funcionan los coeficientes reductores
El coeficiente reductor no es una cifra salarial. Indica cuánto se «acorta» la edad de jubilación por cada año trabajado en la actividad reconocida. Un coeficiente de 0,20 significa que cada cinco años de servicio permiten adelantar un año el retiro.
La proposición de ley publicada por el Senado plantea aplicar ese 0,20 a los años completos trabajados como miembro de la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Servicio de Vigilancia Aduanera. El propio texto fija los topes: 60 años como límite general, o 59 años cuando se acrediten 35 años o más de actividad efectiva y cotización.
En el modelo ya aplicado a la Policía Nacional encuadrada en el Régimen General, el descuento tiene un máximo de cinco años sobre la edad ordinaria, ampliable a seis si se acreditan 37 años de actividad efectiva y cotización. Además existen mínimos de carrera: haber cotizado al menos 15 años en total y 15 como funcionario de carrera en el cuerpo. La cotización adicional se reparte entre empleador y trabajador, en proporciones del 8,84 % y el 1,76 %.
Insisto en un matiz importante: para la Guardia Civil, estos parámetros describen una propuesta y modelos comparables de otros cuerpos, no un coeficiente ya reconocido. Cualquier cálculo personal que hagas con esas cifras es una simulación, no una previsión.
Qué plantea la proposición de ley aprobada en el Senado
El Pleno del Senado aprobó en junio de 2024 una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular para incluir a policías nacionales, guardias civiles y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera entre los colectivos con coeficiente reductor por la peligrosidad de su trabajo. La votación salió adelante con 147 votos a favor, 103 en contra y 8 abstenciones.
Técnicamente, el texto modifica el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Es decir, incorpora a estos cuerpos al sistema general de coeficientes reductores ya existente, en lugar de crear un régimen paralelo.
En cuanto a la financiación, la proposición prevé una cotización adicional sobre la base por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. Fijaba una entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2025 y dejaba la determinación del coste económico en manos del Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado. Esa fecha, evidentemente, quedó superada por el bloqueo posterior.
Situación parlamentaria: del Senado al bloqueo del Congreso
Aprobado el texto en la Cámara Alta, la iniciativa pasó al Congreso de los Diputados y ahí se detuvo. Figura pendiente de enmiendas desde el 3 de septiembre de 2024 y no ha superado esa fase.
La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar mantienen mayoría, ha ido ampliando sucesivamente el plazo de presentación de enmiendas. Según informó Infobae el 13 de mayo de 2026, esa ampliación se produjo por 71 veces consecutivas, seis días después de la muerte de dos agentes en Huelva. La última prórroga citada retrasaba otros quince días la tramitación.
El efecto práctico de esas prórrogas es que el texto nunca llega a la Comisión de Trabajo y, por tanto, no puede votarse. La iniciativa sigue viva formalmente, pero congelada. Cualquier información que presente el reconocimiento como algo ya aprobado en el Congreso es incorrecta.
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Mesa Técnica: negociación, financiación y aplicación igualitaria
En paralelo a la vía parlamentaria se abrió una Mesa Técnica entre el Ministerio del Interior, los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil. Su primera reunión se celebró el 29 de abril.
Según la información difundida por la AUGC tras ese encuentro, la Secretaría de Estado de Seguridad trasladó a los representantes de los agentes que está trabajando en los aspectos técnicos y económicos de la jubilación anticipada, en los requisitos de aplicación de la futura medida y en obtener financiación a través del Ministerio de Hacienda.
La reivindicación central de las organizaciones es doble: que el reconocimiento se apruebe en un único texto normativo y que alcance por igual a quienes están en Seguridad Social y a quienes pertenecen a Clases Pasivas. El origen de esa exigencia está en el malestar que generó en marzo un real decreto que, según THE OBJECTIVE, dejaba fuera de la jubilación anticipada a 130.000 policías y guardias civiles.
La financiación sigue sin despejarse
THE OBJECTIVE informó el 7 de julio de 2026 de que la Secretaría de Estado de Seguridad había liderado tres reuniones con las organizaciones de agentes, pero que Interior no aclaraba si podría costear el cambio normativo, con apenas un año de legislatura por delante y sin presupuestos aprobados. Fuentes sindicales citadas por ese medio resumían así el ambiente:
«No hay dinero y no saben cómo solucionarlo.»
Ese mismo reportaje describe el contenido que se estaría negociando: reducir de 37 a 31 años el tiempo de cotización necesario para alcanzar la pensión máxima en Seguridad Social, y de 35 a 30 años en Clases Pasivas. Son cifras de una propuesta en discusión, no derechos aprobados.
Clases Pasivas y Seguridad Social: por qué cambia el efecto
Aquí está la clave para entender qué te afectaría a ti y qué no. Los funcionarios incorporados antes de 2011 pertenecen, con carácter general, al régimen de Clases Pasivas, un sistema en el que el Estado asume directamente el pago de las pensiones y el cálculo depende de los años de servicio acumulados en cada grupo retributivo. Los agentes incorporados desde 2011 se integran en el Régimen General de la Seguridad Social y cotizan mes a mes, como cualquier otro trabajador.
Dos agentes con el mismo uniforme y las mismas funciones pueden tener, por tanto, reglas de jubilación distintas. Esa dualidad, latente durante años, ha estallado con la negociación de la profesión de riesgo, porque un reconocimiento diseñado solo para el Régimen General dejaría fuera a buena parte de los veteranos.
Qué dice JUCIL sobre el efecto real en la pensión
La Secretaría de Equiparación de JUCIL ha publicado una explicación que conviene leer con calma, porque desmonta una idea muy extendida. La declaración de profesión de riesgo no aumenta automáticamente los años cotizados ni aplica un coeficiente adicional de 0,20 dentro de Clases Pasivas: según esa asociación, en ese régimen no existen los coeficientes adicionales, sencillamente porque no existe esa modalidad de jubilación anticipada. Solo opera en Seguridad Social.
El razonamiento continúa con una consecuencia concreta. Adelantar la edad de retiro no mejora la cuantía: si un suboficial no llega a 35 años cotizados en el grupo A2 a los 65 años, tampoco los alcanzará jubilándose a los 60. En Clases Pasivas, el cálculo se apoya en el haber regulador del grupo correspondiente, cifrado por JUCIL en 39.283,61 euros anuales para el A2, y en los años acumulados en cada grupo. Sin años suficientes, el porcentaje aplicable sobre ese haber regulador se queda corto.
«LA PENOSA CUANTÍA ECONÓMICA DE LA PENSIÓN RESULTANTE.»
Así resume JUCIL el problema que considera prioritario para quienes se están jubilando ahora y lo harán en los próximos años, la mayoría en Clases Pasivas. Su tesis es que ese problema no se arregla adelantando la edad de retiro.
Y si estás en Seguridad Social
Para los guardias civiles encuadrados en el Régimen General, la utilidad de la declaración de actividad penosa y de elevada mortalidad es más directa: permitiría el acceso a la jubilación anticipada con coeficientes reductores. Pero también aquí hay condiciones. La misma fuente sitúa en 37 años los años cotizados necesarios para alcanzar el 100 % de la pensión, y en 38 años los exigidos para jubilarse a los 65. Además, la edad de jubilación forzosa en Seguridad Social no son 65 años, sino 66 años y 6 meses en 2024, con una escala que sigue subiendo.
Queda una pregunta abierta que la propia asociación plantea: qué coste en cotización adicional asumirían los agentes a cambio de esa jubilación anticipada. La proposición del Senado contempla una cotización compartida, y el modelo de la Policía Nacional reparte ese esfuerzo entre administración y trabajador.
Comparativa con policías autonómicas y locales
El punto de comparación que utilizan las asociaciones es sencillo: otros cuerpos ya tienen lo que ellos piden. La Ertzaintza cuenta con jubilación anticipada desde 2008, las policías locales desde 2019, y los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra la consiguieron en 2022. Con carácter general, esos agentes pueden retirarse anticipadamente cobrando el 100 % de las retribuciones o de la prestación.
Las cifras que se manejan en las comparativas publicadas dan idea de la brecha. Un ertzaina o un mosso pueden llegar a cobrar hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil en activo, entre un 25 % y un 30 % menos en términos porcentuales. Y esa inferioridad de ingresos se arrastra al retiro: la diferencia puede alcanzar los 900 euros mensuales durante la jubilación.
En cuanto a edades, la referencia habitual es que un mosso puede jubilarse anticipadamente a los 59 años sin perder ingresos con 35 años de servicio y un coeficiente de 0,20, mientras que un agente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional debe esperar, con carácter general, hasta los 65 años o asumir una merma en su pensión.
La equiparación salarial no cerró la brecha
El acuerdo de equiparación salarial firmado en marzo de 2018 buscaba igualar las retribuciones de los cuerpos estatales con las de las policías autonómicas. Ni las igualó del todo ni tocó las condiciones de jubilación, que dependen de una normativa distinta. Por eso la reivindicación de la profesión de riesgo se ha convertido en la continuación natural de aquel proceso. Como resumió la Asociación Española de Guardias Civiles:
«La igualdad nunca puede ser causa de desigualdad.»
Vía judicial: qué está haciendo el Tribunal Supremo
Ante el bloqueo político, parte del colectivo ha optado por los tribunales. JUCIL anunció el 6 de octubre de 2025 que el Tribunal Supremo había admitido a trámite su solicitud de extensión de efectos de la sentencia que reconoció previamente la profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional adscritos al régimen de la Seguridad Social.
El objetivo de esa estrategia es obtener para la Guardia Civil la aplicación de coeficientes reductores y una jubilación anticipada no penalizada, en condiciones similares a las ya reconocidas por vía judicial a los policías nacionales del Régimen General. La sentencia previa afectaba a más de 30.000 agentes de la Policía Nacional.
Ahora bien, la admisión a trámite es un paso procesal, no un reconocimiento definitivo aplicable a todos los guardias civiles. La propia asociación lo enmarcaba en un contexto de desconfianza política:
«Ahora mismo, no hay voluntad política real ni en la Dirección General, ni en el Ministerio, ni en el Gobierno para aprobar un Real Decreto que nos lo reconozca. Es hora de esperar y confiar en la Justicia para conseguir lo que por derecho corresponde a la Guardia Civil.»
La reclamación administrativa individual
Existe además una vía individual que miles de agentes han empezado a utilizar. Okdiario describió el procedimiento: los agentes en activo presentan instancia ante el Ministerio del Interior y los jubilados ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, reclamando la cantidad económica que consideran que les corresponde. Los que están en activo solicitan además la aplicación de los coeficientes reductores para poder jubilarse anticipadamente.
Si la administración deniega la petición o no responde, el paso siguiente es el proceso contencioso-administrativo. La misma información sitúa en cuatro años el periodo máximo de diferencias salariales y de jubilación reclamable, y menciona un plazo inicial hasta el 31 de julio para presentar los escritos en esa iniciativa concreta.
Antes de sumarte a una acción de este tipo, comprueba a qué régimen perteneces, cuántos años tienes acreditados y qué esperas conseguir exactamente. No es lo mismo reclamar diferencias económicas pasadas que pedir el adelanto de la edad de retiro, y el resultado depende del régimen en el que estés encuadrado.
Qué hacer ahora
Si eres guardia civil en activo, el primer paso es concreto y no depende de nadie: identifica tu régimen. Si ingresaste antes de 2011 estás, con carácter general, en Clases Pasivas, y ahí el debate relevante para tu bolsillo es la cuantía de la pensión, no solo la edad de salida. Si ingresaste desde 2011, estás en Seguridad Social y una eventual aplicación de coeficientes reductores sí te afectaría de forma directa.
A partir de ahí, calcula tus años acreditados y compáralos con los umbrales que se manejan: 37 años cotizados para la pensión máxima en Seguridad Social, 35 años de grupo en Clases Pasivas. Ese cálculo te dirá si adelantar la jubilación te compensaría o si te dejaría con un porcentaje insuficiente sobre el haber regulador.
Y mantente al día de dos frentes distintos, porque avanzan a ritmos diferentes: la tramitación de la proposición de ley en el Congreso y el trabajo de la Mesa Técnica con Interior, por un lado, y el recorrido judicial ante el Tribunal Supremo, por otro. Hasta que uno de los dos culmine, la profesión de riesgo sigue siendo una expectativa razonable, no un derecho consolidado.
Preguntas frecuentes
¿Qué profesiones se consideran de riesgo en España y está incluida la policía local?
La Seguridad Social incluye, entre otros colectivos, a mineros, trabajadores ferroviarios, personal de vuelo, artistas, profesionales taurinos, bomberos, policías locales, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra. La Policía Local sí figura entre los cuerpos con coeficientes reductores; la Guardia Civil y la Policía Nacional siguen siendo objeto de la reivindicación.
¿Qué supone ser considerado una profesión de riesgo?
Supone que la actividad queda sometida a un régimen específico por su peligrosidad, penosidad, toxicidad o elevada morbilidad o mortalidad. El efecto más relevante es la posibilidad de jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, sin las penalizaciones económicas de otras modalidades, aunque las condiciones concretas dependen de la norma aplicable a cada colectivo.
¿La Guardia Civil está actualmente reconocida como profesión de riesgo?
No. El cuerpo no figura entre los que tienen reconocido un coeficiente reductor específico de la edad de jubilación por profesión de riesgo. Hay una proposición de ley en trámite, una negociación abierta con Interior y una vía judicial impulsada por JUCIL, pero ninguna se ha traducido todavía en un reconocimiento general y definitivo.
¿Qué beneficios tendría para la jubilación reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo?
El efecto principal sería poder adelantar la edad ordinaria de jubilación mediante coeficientes reductores, sin la penalización económica que sufren otras jubilaciones anticipadas. La propuesta pretende además que el tiempo reducido se compute a efectos de calcular la pensión, pero las condiciones exactas dependerán de la norma que finalmente se apruebe.
¿Qué coeficiente reductor se ha planteado para la Guardia Civil?
La proposición de ley publicada por el Senado plantea un coeficiente del 0,20 por cada año completo trabajado. Fija como límites los 60 años, o los 59 cuando se acrediten al menos 35 años de actividad efectiva y cotización. Es una propuesta, no un derecho general aplicable hoy.
¿Qué diferencia hay entre Clases Pasivas y la Seguridad Social para un guardia civil?
Los funcionarios incorporados antes de 2011 pertenecen, con carácter general, a Clases Pasivas; los incorporados desde 2011 se integran en el Régimen General de la Seguridad Social. La forma de calcular la pensión y de aplicar una eventual jubilación anticipada no es idéntica, y por eso las asociaciones profesionales reclaman una norma única que cubra ambos regímenes.
¿La profesión de riesgo aumenta los años cotizados o la cuantía de la pensión?
No de forma automática. JUCIL distingue entre adelantar la edad de jubilación y mejorar la pensión: en Clases Pasivas no existiría un coeficiente adicional de sobrecotización, y retirarse antes no resuelve por sí solo una pensión baja si no se alcanzan los años exigidos en el grupo correspondiente.
¿Por qué reclama la Guardia Civil el reconocimiento como profesión de riesgo?
Las asociaciones lo justifican por la exposición al narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, la violencia y otras amenazas a lo largo de la carrera profesional. También por comparación: policías autonómicas y locales ya disponen de jubilación anticipada y coeficientes reductores desde hace años.
¿En qué estado se encuentra la propuesta para reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo?
Fue aprobada en el Senado en junio de 2024, pero permanece bloqueada en el Congreso en la fase de enmiendas. La ampliación del plazo se ha repetido 71 veces, según informó Infobae en mayo de 2026, de modo que no existe todavía una aprobación definitiva aplicable a todo el cuerpo.
¿Qué está negociando la Mesa Técnica sobre la profesión de riesgo?
La Mesa Técnica analiza los requisitos técnicos, los coeficientes reductores y la financiación de las jubilaciones anticipadas. Las asociaciones y los sindicatos policiales piden que el reconocimiento se apruebe en un único texto y se aplique tanto a los agentes de Clases Pasivas como a los de Seguridad Social, sin dejar fuera a los veteranos.
Fuentes
- Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015 – Senado de España
- Qué supone que ser guardia civil esté considerado profesión de riesgo – Onda Cero
- El bloqueo por 71ª vez del reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo – Infobae
- Interior pide tiempo para que Policía y Guardia Civil logren el estatus de profesión de riesgo – El País
- Profesión de riesgo: qué de cierto nos cuentan – JUCIL
- Policías nacionales y guardias civiles avanzan unidos para lograr el reconocimiento definitivo – AUGC
Retribuciones · Escala de Cabos y Guardias¿Cuánto cobra un guardia civil?Sueldo base, complementos y destinos explicados.
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